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“Que las empresas paguen por los delitos de sus subcontratas en países pobres”

¿Deberían los directivos de una empresa española ser juzgados por la explotación laboral, los vertidos tóxicos o delitos de trabajo infantil que cometa una subcontrata de su actividad en un país pobre? La respuesta que da la ley europea a eso es ‘No´. La campaña "Derechos para las personas, reglas para los negocios" pretende conseguir 100.000 firmas para cambiar la legislación fundamentalmente en tres aspectos de la relación entre las empresas y la sociedad. 1. Transparencia De las 35 empresas españolas que cotizan en el Ibex35, 25 operan en paraísos fiscales, según el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, integrado por varias organizaciones sociales como Setem, Greenpeace, o Cruz Roja. Cinco de esas compañías son bancos. Son datos que no aparecen en los informes anuales corporativos, donde las empresas analizan el impacto que su actividad tiene en su entorno y las medidas puestas en marcha para corregirlo. La mitad de esas empresas tampoco especifica en esas memorias oficiales (extensas y convincentes) los sueldos de cada directivo o consejero; sólo 11 de ellas se hacen eco de cómo trabajan sus proveedores en relación al medio ambiente. Solo una empresa, Red Eléctrica, desglosa los impuestos pagados en cada país donde opera. Pero, ¿por qué deberían ser públicos estos datos si son empresas privadas? "No olvidemos que mucho del capital privado que sustenta esas empresas pertenece a accionistas que manejan fondos de pensiones o de inversión, que en realidad es dinero de millones de personas", dice a la luz de la crisis financiera Orencio Vázquez, coordinador del Observatorio RSC. "Los estados deberían tener derecho a conocer los flujos comerciales y financieros de las empresas para poder fijar una relación más justa con ellas", afirma. 2. Responsabilidad legal. "Subsidiarios, subcontratas, empresas pantallas y 20 nombres más", ironiza Mabel G. Bustelo, de Greenpeace, para referirse "a las fórmulas que usan las multinacionales para escabullirse de su responsabilidad legal ante violaciones de derechos humanos o efectos medioambientales de su actividad en países pobres. Sucede con Coca-Cola en India, por ejemplo. "Cuando externalias el proceso productivo te estás librando de la responsabilidad legal", nos dice Orencio Vázquez. "Cualquier gran empresa textil diseña, comercializa y gestiona, pero para la manufactura y la producción siempre subcontrata, de manera que hay un vínculo comercial con lo que hagan pero no hay una responsabilidad legal". Además de subcontratar, la otra estrategia es deslocalizar: "llevarte la planta de producción a países donde los estándares de justicia social son más laxos, o incluso donde ciertas violaciones están toleradas por el gobierno", explica Vázquez. "Pero si estamos hablando de un proceso de liberalizacion global del trabajo y de los capitales, la normativa no puede ser local sino internacional", y en ese sentido hay ya directrices de Naciones Unidas y de la OCDE que se podrían empezar a aplicar. 3. Que las víctimas denuncien en Europa Y, efectivamente, relacionado con los dos anteriores, el tercer argumento de la campaña pide que las víctimas de delitos relacionados con el mundo laboral en países del tercer mundo puedan pedir Justicia en Europa y no sólo en su país, donde probablemente no haya un sistema de protección adecuado, en el caso de que la responsable última de la actividad sea una empresa europea. A pesar de que la tendencia reciente no marca una actitud globalizadora de la justicia, Orencio Vázquez nos dice que "hace dos años, esta reinvidicación habría sonado a imposible, pero ahora el ambiente es otro, al menos para ponerse a hablar sobre ella". La campaña esgrieme que "si una empresa que subcontrata una actividad dentro de España tiene ciertas responsabilidades legales sobre esos trabajadores, ¿por qué […]

¿Deberían los directivos de una empresa española ser juzgados por la explotación laboral, los vertidos tóxicos o delitos de trabajo infantil que cometa una subcontrata de su actividad en un país pobre?

La respuesta que da la ley europea a eso es ‘No´. La campaña "Derechos para las personas, reglas para los negocios" pretende conseguir 100.000 firmas para cambiar la legislación fundamentalmente en tres aspectos de la relación entre las empresas y la sociedad.

1. Transparencia

De las 35 empresas españolas que cotizan en el Ibex35, 25 operan en paraísos fiscales, según el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, integrado por varias organizaciones sociales como Setem, Greenpeace, o Cruz Roja. Cinco de esas compañías son bancos. Son datos que no aparecen en los informes anuales corporativos, donde las empresas analizan el impacto que su actividad tiene en su entorno y las medidas puestas en marcha para corregirlo.

La mitad de esas empresas tampoco especifica en esas memorias oficiales (extensas y convincentes) los sueldos de cada directivo o consejero; sólo 11 de ellas se hacen eco de cómo trabajan sus proveedores en relación al medio ambiente. Solo una empresa, Red Eléctrica, desglosa los impuestos pagados en cada país donde opera.

Pero, ¿por qué deberían ser públicos estos datos si son empresas privadas? "No olvidemos que mucho del capital privado que sustenta esas empresas pertenece a accionistas que manejan fondos de pensiones o de inversión, que en realidad es dinero de millones de personas", dice a la luz de la crisis financiera Orencio Vázquez, coordinador del Observatorio RSC. "Los estados deberían tener derecho a conocer los flujos comerciales y financieros de las empresas para poder fijar una relación más justa con ellas", afirma.

2. Responsabilidad legal.

"Subsidiarios, subcontratas, empresas pantallas y 20 nombres más", ironiza Mabel G. Bustelo, de Greenpeace, para referirse "a las fórmulas que usan las multinacionales para escabullirse de su responsabilidad legal ante violaciones de derechos humanos o efectos medioambientales de su actividad en países pobres. Sucede con Coca-Cola en India, por ejemplo.

"Cuando externalias el proceso productivo te estás librando de la responsabilidad legal", nos dice Orencio Vázquez. "Cualquier gran empresa textil diseña, comercializa y gestiona, pero para la manufactura y la producción siempre subcontrata, de manera que hay un vínculo comercial con lo que hagan pero no hay una responsabilidad legal".

Además de subcontratar, la otra estrategia es deslocalizar: "llevarte la planta de producción a países donde los estándares de justicia social son más laxos, o incluso donde ciertas violaciones están toleradas por el gobierno", explica Vázquez. "Pero si estamos hablando de un proceso de liberalizacion global del trabajo y de los capitales, la normativa no puede ser local sino internacional", y en ese sentido hay ya directrices de Naciones Unidas y de la OCDE que se podrían empezar a aplicar.

3. Que las víctimas denuncien en Europa

Y, efectivamente, relacionado con los dos anteriores, el tercer argumento de la campaña pide que las víctimas de delitos relacionados con el mundo laboral en países del tercer mundo puedan pedir Justicia en Europa y no sólo en su país, donde probablemente no haya un sistema de protección adecuado, en el caso de que la responsable última de la actividad sea una empresa europea. A pesar de que la tendencia reciente no marca una actitud globalizadora de la justicia, Orencio Vázquez nos dice que "hace dos años, esta reinvidicación habría sonado a imposible, pero ahora el ambiente es otro, al menos para ponerse a hablar sobre ella". La campaña esgrieme que "si una empresa que subcontrata una actividad dentro de España tiene ciertas responsabilidades legales sobre esos trabajadores, ¿por qué si lo hace fuera de Europa no las debe tener?"

Hace una semanas, Víctor Viñuales, de la Fundación Ecodes nos decía que "la responsabilidad social de las empresas no está en lo que hacen con una pequeña porción de sus beneficios; está en lo que hacen en el proceso de su actividad, en su modelo económico y de negocio". La campaña pretende llegar a 100.000 firmas. Si consiguera un millón, rapartidas por más de un tercio de países de la UE, podría encauzarse como Iniciativa Ciudadana, una fórmula que está preparando el Parlamento Europeo para que se propongan debates legislativos directamente desde la sociedad civil.

 


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